Desmantelan granja clandestina en Carabobo tras denuncia ciudadana
El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, encabezó un operativo de fiscalización en el municipio San Diego que resultó en la confiscación de 13 equipos de minería digital que operaban de forma ilegal. La acción responde a la nueva política de restricción energética nacional que busca proteger la estabilidad del sistema eléctrico.
Acción inmediata tras inteligencia social
El hallazgo fue posible gracias a la activación de los canales de denuncia ciudadana. Al momento de la inspección, las máquinas se encontraban en pleno funcionamiento dentro de un espacio acondicionado con infraestructura técnica de alta gama para el procesamiento de datos.
«Nos pasaron la información por el teléfono de denuncias y procedimos de inmediato. Estas máquinas fueron apagadas y confiscadas, y el hallazgo ya ha sido consignado ante la Fiscalía», informó Lacava a través de sus plataformas digitales, subrayando que el operativo se mantiene bajo la premisa de «apagar hasta la última máquina» en territorio carabobeño.
El factor energético: Un sistema en punto crítico
Esta medida se alinea con las recientes directrices del ministro de Energía Eléctrica, Rolando Acosta, quien ratificó la prohibición absoluta de la minería digital en Venezuela. El argumento central de la administración es la salvaguarda del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Puntos clave de la prohibición:
- Alta demanda: La minería de criptoactivos consume volúmenes de energía que el sistema no puede absorber sin comprometer el servicio doméstico.
- Estado crítico: Las autoridades han calificado la situación del SEN como «punto crítico», lo que justifica la desconexión inmediata de cualquier actividad industrial no autorizada de alta carga.
- Denuncia activa: La gobernación instó a la población a seguir reportando ruidos sospechosos, calor excesivo en infraestructuras o fluctuaciones eléctricas inusuales en sus comunidades.
«Aquí nadie se rinde»
El gobernador Lacava aseguró que no habrá excepciones en la aplicación de esta norma, prometiendo hacer público cada hallazgo para desincentivar la actividad en la región. Con este operativo, Carabobo se coloca a la vanguardia de la fiscalización energética, priorizando el consumo residencial sobre la actividad de minería digital clandestina.
