Ejecutivo anuncia ajuste del ingreso mínimo integral a $240 y pensiones a $70
En el marco del 1 de mayo, y tras más de 1.500 días sin ajustes al salario mínimo legal (congelado en 130 bolívares), el Ejecutivo Nacional anunció una reestructuración del ingreso mensual para los trabajadores y pensionados del país.
La medida, comunicada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, establece que el Ingreso Mínimo Integral Indexado se ubicará en 240 dólares mensuales (pagaderos en bolívares a tasa oficial). Esto representa un incremento del 26,32% respecto a los 190 dólares anteriores. Por su parte, las pensiones y jubilaciones se fijaron en 70 dólares, un aumento estimado del 40% frente a los 42 dólares previos percibidos a través del Sistema Patria.
Brecha frente a la Canasta Alimentaria A pesar del ajuste, la capacidad de compra sigue siendo el principal desafío:
- Cobertura: El nuevo ingreso de $240 cubre apenas el 43,64% de la canasta alimentaria familiar (estimada en $550 por el Cendas-FVM).
- Pensionados: El monto de $70 solo alcanza para cubrir el 12,72% de las necesidades alimentarias básicas.
Consolidación del modelo de bonos El anuncio ratifica la política de desalarización del trabajo formal. Al mantener el salario mínimo en 130 bolívares (menos de $4 al mes), el grueso de la remuneración continúa concentrándose en bonificaciones sin incidencia en pasivos laborales. Si bien esto protege el déficit fiscal, el efecto inmediato es la erosión de las prestaciones sociales, vacaciones y utilidades de la clase trabajadora.
Reacciones del sector laboral y empresarial La medida queda por debajo de las exigencias de gremios como la CTV y sectores de salud y educación, quienes solicitaban un salario base de al menos 200 dólares con carácter remunerativo para «no matar el futuro del trabajador».
Desde el sector privado, Fedecámaras y Conindustria —que ya pagan promedios superiores a la base legal— mantienen su enfoque en la necesidad de una reforma jurídica que permita formalizar estas compensaciones sin generar pasivos impagables que comprometan la operatividad de las empresas.
